Nación realizará controles en escuelas para verificar el cumplimiento del 75 % de presencialidad durante medidas de fuerza
El Gobierno nacional informó que este lunes 3 de agosto la Secretaría de Trabajo realizará un operativo de supervisión en escuelas de distintas provincias para verificar el cumplimiento del 75 % de la prestación del servicio educativo durante las medidas de fuerza convocadas por gremios docentes.
La decisión fue comunicada a los ministros de Educación de las provincias mediante una nota oficial en la que se anticipa que el relevamiento se efectuará a través de un muestreo aleatorio de establecimientos educativos distribuidos en todo el país.
Según el documento, el objetivo será constatar el cumplimiento de la pauta establecida por el artículo 101 de la Ley N.º 27.802, que incorporó a la educación inicial, primaria, secundaria y especial dentro de los servicios esenciales, fijando la obligación de garantizar una prestación mínima del 75 % durante los conflictos colectivos de trabajo.
Una vez concluido el operativo, la Secretaría de Trabajo elaborará un informe con los resultados obtenidos y abrirá una instancia de diálogo con las organizaciones sindicales para analizar cada situación detectada.
El comunicado oficial señala que, en función de la información recolectada, el organismo evaluará las eventuales medidas que correspondan, incluidas posibles sanciones en los casos en que se compruebe el incumplimiento de la prestación mínima exigida por la legislación vigente.
Asimismo, el Gobierno nacional adelantó que los resultados del relevamiento y las acciones posteriores serán comunicados públicamente y que el tema también integrará la agenda de la próxima reunión del Consejo Federal de Educación (CFE), donde podrían analizarse nuevas regulaciones vinculadas a la prestación del servicio educativo durante conflictos gremiales.
El marco legal
La obligación de garantizar una cobertura mínima del 75 % surge de la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, sancionada este año, que modificó el régimen de conflictos colectivos de trabajo.
La norma establece que, tratándose de servicios esenciales, las partes no podrán negociar ni imponer una cobertura inferior al 75 % de la prestación habitual. Entre las actividades alcanzadas se encuentra expresamente la educación de nivel inicial, primario, secundario y especial.
No obstante, la aplicación de ese artículo generó controversias judiciales. En los últimos meses distintos gremios docentes promovieron acciones ante la Justicia cuestionando la constitucionalidad de la declaración de esencialidad de la educación y del porcentaje mínimo de prestación exigido durante las huelgas, lo que dio lugar a resoluciones judiciales en diferentes instancias.
Con este nuevo operativo de control, el Gobierno busca verificar el grado de cumplimiento efectivo de la normativa vigente y anticipó que las conclusiones servirán de base para futuras decisiones administrativas y regulatorias en materia de conflictos laborales en el sistema educativo.
